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title: "El gobierno neuquino impulsa una ley para proteger las tierras productivas"
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description: "La iniciativa declara de interés público provincial la protección de los suelos irrigados y establece restricciones para loteos, urbanizaciones y cambios de uso."
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date_published: "2026-08-18T16:55:00-03:00"
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author_name: "Neuquen Data"
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# El gobierno neuquino impulsa una ley para proteger las tierras productivas

El Gobierno de Neuquén presentó en la Legislatura un proyecto de ley destinado a **proteger las tierras productivas y ordenar el crecimiento territorial de la provincia**. La iniciativa apunta especialmente a preservar las superficies bajo riego y con aptitud agrícola frente al avance de loteos, urbanizaciones, industrias y actividades vinculadas a los servicios.

El proyecto parte de considerar al **suelo productivo como un recurso limitado y no renovable**. Entre los datos utilizados para fundamentar la propuesta, la Provincia señaló que durante 2025 se perdieron **663 hectáreas de superficie frutícola**, mientras que las nuevas actividades vinculadas al desarrollo hidrocarburífero también generan presión sobre las zonas de chacras.

A esto se suma el crecimiento urbano. Según la información presentada, la población neuquina pasó de **471.409 habitantes en 2010 a 540.909 en 2020**, mientras que en ese mismo período la huella urbana aumentó un **45%**, al pasar de 12.460 a 18.083 hectáreas.

La iniciativa busca establecer reglas que permitan compatibilizar **la producción, el acceso a la vivienda y el desarrollo industrial**, sin que el crecimiento de una actividad implique necesariamente la pérdida de las otras.

Durante la presentación ante la Comisión de Producción, Industria y Comercio, el secretario de Producción e Industria, **Diego García Rambeau**, destacó que las tierras bajo riego y drenaje poseen algunos de los suelos más productivos de la provincia.

El funcionario vinculó además la iniciativa con el escenario económico que atraviesa Neuquén y con la necesidad de pensar qué matriz productiva tendrá la provincia después del desarrollo de Vaca Muerta. En ese sentido, planteó que **el turismo y la producción deberán ocupar un lugar central en la etapa siguiente**.

El proyecto establece que la protección de las tierras productivas será de **interés público provincial** y alcanzará a terrenos públicos y privados que tengan aptitud productiva y se encuentren bajo riego, incluso cuando actualmente no estén siendo explotados.

También quedarán comprendidas las superficies que cuenten con sistemas de riego y drenaje existentes o que tengan **aptitud agrícola reconocida oficialmente**.

Uno de los principales instrumentos propuestos es la creación de un **piso provincial de protección** para el suelo irrigado. A esto se suma una cláusula de no regresión, que impediría que normas posteriores de igual o menor jerarquía reduzcan los niveles de protección establecidos por la futura ley.

Los municipios y las comisiones de fomento, en tanto, podrán adoptar medidas que **incrementen esos niveles de resguardo**.

La iniciativa divide además las áreas protegidas en dos categorías. La **Zona de Protección Prioritaria (ZP1)** quedará destinada a la producción agropecuaria, mientras que la **Zona de Uso Condicionado (ZP2)** permitirá determinadas actividades siempre que cumplan requisitos vinculados con la evaluación ambiental, la eficiencia en el uso del agua y criterios de sustentabilidad.

El proyecto también establece reglas para evitar que la subdivisión de las unidades productivas afecte su capacidad de producción y contempla medidas específicas para preservar la infraestructura vinculada al sistema de riego.

En ese sentido, **canales, acequias, compuertas, sifones y drenes tendrán carácter intangible**. La propuesta prohíbe intervenciones que puedan alterar su funcionamiento y contempla únicamente excepciones para obras públicas autorizadas que incorporen medidas compensatorias.

Otro de los puntos centrales está relacionado con el crecimiento urbano. La iniciativa plantea **priorizar el uso agropecuario en las zonas productivas** y restringir la instalación de loteos y urbanizaciones en esos sectores.

También establece límites al cambio de destino de las tierras hacia usos residenciales, industriales, turísticos o de servicios. Quedarían exceptuadas las viviendas familiares y aquellas situaciones consideradas de interés público que cuenten con fundamentación y respaldo técnico y ambiental.

La **Secretaría de Producción e Industria** será la autoridad de aplicación de la futura normativa. Entre sus funciones estarán la fiscalización, la exigencia de planes de manejo, la aplicación de sanciones y la coordinación con otros organismos provinciales.

En conjunto con Catastro y Recursos Hídricos, deberá elaborar además la **cartografía oficial de las áreas bajo riego**, que tendrá carácter vinculante.

El proyecto incorpora un sistema de controles que combinará **monitoreo remoto e inspecciones presenciales**. Las sanciones estarán dirigidas a quienes dañen canales y drenes, alteren el suelo o el escurrimiento del agua o realicen loteos, fraccionamientos y obras sin autorización.

La gravedad de cada infracción determinará el tipo de sanción, teniendo en cuenta factores como **la superficie afectada, la posibilidad de revertir el daño, el beneficio económico obtenido y la intencionalidad**. La reincidencia será considerada un agravante y la normativa priorizará la reparación del daño por encima de la aplicación de una multa.

Como parte de las herramientas de conservación, la propuesta crea además un **Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados**. Sus recursos estarán destinados a obras como la rehabilitación de drenajes, la modernización de sistemas de medición y telemetría, la tecnificación del riego y acciones contra la salinización y los anegamientos.

El fondo se financiaría con recursos provenientes de **multas, partidas del presupuesto provincial y eventuales aportes nacionales e internacionales**.

La Provincia sostiene que la protección de estas superficies también permitirá aprovechar el potencial neuquino para aumentar la producción **frutícola, hortícola y de frutas finas**, con el objetivo de abastecer una mayor parte del consumo local y acceder a nuevos mercados.

El proyecto establece que la ley comenzaría a regir **30 días después de su publicación en el Boletín Oficial**, mientras que la reglamentación de los procedimientos técnicos y los mecanismos de fiscalización tendría un plazo máximo de 180 días.

El proyecto busca proteger el suelo productivo, pero su aplicación dependerá de cómo se definirán las zonas ZP1 y ZP2 y qué actividades quedarán permitidas en cada una para compatibilizar producción, vivienda e industria.

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