Estados Unidos y Argentina intensifican la presión internacional contra la dictadura de Venezuela

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, los gobiernos de Estados Unidos y Argentina lideraron hoy una fuerte ofensiva diplomática internacional contra la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, denunciando el fraude en las recientes elecciones presidenciales y las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Durante un encuentro en un hotel de Nueva York, representantes de alrededor de 40 países y organismos multilaterales discutieron la crítica situación que atraviesa el país sudamericano, caracterizada por la represión sistemática de la oposición política.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y la canciller argentina, Diana Mondino, co-patrocinaron el evento que subrayó la necesidad de un diálogo directo entre el régimen de Maduro y la oposición democrática unida. Blinken enfatizó: “Debemos mantener la presión en los meses previos a la investidura presidencial, instando a Maduro a detener la represión contra manifestantes y a liberar a los detenidos arbitrariamente”.

La reunión también abordó el asedio a la Embajada argentina en Caracas, donde se encuentran refugiados seis militantes que apoyan a la líder opositora María Corina Machado. Los asistentes destacaron que a pesar de la participación de más de 12 millones de votantes en las elecciones de julio, el proceso electoral estuvo marcado por serias irregularidades y falta de transparencia.

Mondino, en su intervención, calificó el fraude electoral como un acto que no puede ser legitimado y advirtió que un nuevo mandato para Maduro significaría la perpetuación de un régimen ilegítimo. También se discutieron medidas concretas, como la solicitud de órdenes de detención contra líderes del régimen en la Corte Penal Internacional y la implementación de un régimen de regularización migratoria para ciudadanos venezolanos.

A medida que se elabora una declaración conjunta en respuesta a la crisis, los países participantes enfatizan la necesidad de restablecer los principios democráticos en Venezuela y el respeto a los derechos humanos, instando a la comunidad internacional a actuar de manera coordinada para promover una transición pacífica en el país.