China avanza sobre el litio argentino: denuncias por impactos ambientales y derechos indígenas en Jujuy
El proyecto Cauchari-Olaroz, liderado por empresas de capitales chinos, canadienses y argentinos, ya produce 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Mientras se promociona como minería sustentable, comunidades indígenas denuncian vulneraciones de derechos y un grave riesgo ambiental por el consumo intensivo de agua en la Puna.
23/05/2025
Neuquen Data
China tras el “oro blanco” argentino: el avance del litio en territorios indígenas y zonas áridas
En el corazón de la Puna jujeña, un modelo extractivo impulsado por capitales chinos transforma los paisajes altoandinos. El litio, recurso clave para la transición energética global, coloca a Argentina en el centro de una disputa geopolítica entre potencias como China y Estados Unidos. Pero el desarrollo económico tiene su contracara: consumo extremo de agua, amenaza a humedales protegidos y denuncias de violaciones a los derechos de pueblos originarios.
El proyecto Cauchari-Olaroz, ubicado en el departamento de Susques, es hoy uno de los más grandes del país. La empresa EXAR, compuesta por la china Ganfeng Lithium, la canadiense Lithium Americas y la estatal JEMSE de Jujuy, ya produce 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, con una inversión superior a los 970 millones de dólares. Su discurso institucional promueve una minería responsable, pero la realidad expone profundas contradicciones.
Impacto ambiental en ecosistemas sensibles
La extracción de salmuera rica en litio a través de la evaporación solar implica un uso masivo de agua. Solo en Cauchari-Olaroz, se estiman más de 584.000 litros de agua por tonelada de litio extraída. En una región extremadamente árida, esta práctica altera los ciclos hídricos, saliniza fuentes de agua dulce y pone en riesgo biodiversidad clave como la vicuña, el suri cordillerano y diversas especies endémicas.
Además, los humedales altoandinos, como bofedales y lagunas, cumplen un rol crucial como reservorios de agua en altura. Su degradación implica no solo pérdida ambiental, sino también una amenaza directa para las formas de vida ancestrales.
Resistencia indígena ante el avance minero
Las comunidades indígenas afectadas —como las de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc— sostienen una lucha de más de diez años contra este modelo. Denuncian la falta de consulta previa, libre e informada, a pesar de que sus territorios cuentan con reconocimiento constitucional.
“Nos dicen que es energía limpia, pero para nosotros significa menos agua, menos animales y menos vida”, expresan. Su reclamo va más allá de lo ambiental: el avance del litio implica el desplazamiento de economías tradicionales, como la agricultura, la ganadería y la recolección de sal.
El Estado: ¿árbitro o socio de las mineras?
El marco legal argentino, heredado de los años noventa, ofrece beneficios fiscales y regalías limitadas al 3%, lo que convierte al país en un destino altamente atractivo para inversiones extranjeras. En Jujuy, el Estado participa a través de JEMSE, una sociedad estatal con rol minoritario en los proyectos, lo que genera un conflicto de intereses: es a la vez promotor, socio y regulador de la minería del litio.
Esta relación ambigua debilita los mecanismos de control y deja expuestas las comunidades frente a un modelo que prioriza el extractivismo por encima de los derechos sociales, ambientales y culturales.
