La intransigencia sindical empujó a la Justicia neuquina a una situación límite

La declaración de emergencia en el Poder Judicial de Neuquén marca un punto de quiebre en un conflicto que dejó de ser un reclamo gremial para transformarse en un problema institucional de gravedad. La decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia no responde a una exageración ni a una jugada política: refleja que el nivel de tensión alcanzó un extremo que compromete el funcionamiento de un servicio esencial para la ciudadanía.

En este escenario, la postura asumida por la conducción de SEJUN aparece cada vez más difícil de justificar. Lejos de sostener un planteo respaldado por una situación de atraso o desprotección salarial, el gremio rechazó una propuesta que mantiene la lógica de actualización del resto de la administración pública y suma beneficios puntuales de relevancia. En vez de encauzar una negociación, eligió profundizar la confrontación.

El cuadro salarial de los trabajadores judiciales neuquinos muestra una realidad muy distinta a la que se intenta instalar desde el conflicto. Se trata de uno de los sectores mejor remunerados del país, con mecanismos de actualización automática por inflación y una oferta que además contempla bonos extraordinarios, adicionales específicos, ayuda escolar y partidas destinadas a capacitación. No parece, precisamente, el retrato de un sector abandonado por el Estado.

A eso se agregan condiciones laborales que también ubican al sector en una posición diferencial frente al resto de los trabajadores. La feria judicial de enero y el receso de mitad de año forman parte de un esquema que otorga ventajas muy por encima de las disponibles en la mayoría de las actividades. Ese contexto vuelve todavía más difícil sostener que el conflicto responde a una situación de inequidad o urgencia estructural.

Por eso, el malestar social frente a las medidas de fuerza empezó a hacerse cada vez más visible. Cuando se paraliza o se condiciona el acceso al servicio de justicia, el perjuicio no recae sobre una estructura abstracta, sino sobre miles de personas que necesitan respuestas judiciales concretas. En ese punto, la protesta deja de ser un asunto interno y empieza a impactar de lleno sobre el conjunto de la sociedad.

La emergencia declarada por el TSJ, en definitiva, confirma que la escalada gremial fue demasiado lejos. Cuando un sindicato elige endurecer posiciones aun frente a una oferta considerable y termina arrastrando al sistema judicial a una situación excepcional, el resultado es tan claro como preocupante: la sociedad queda rehén de una disputa que perdió toda razonabilidad.