La situación en Chos Malal se volvió insostenible para el funcionamiento municipal. Un grupo reducido de activistas mantiene bloqueada la comuna, impide el ingreso normal de autoridades y empleados, y ahora enfrenta una causa penal por daños agravados. La Justicia imputó a tres municipales por los incidentes registrados durante una protesta, donde se encendieron neumáticos y se provocaron daños en dependencias públicas.
Los fiscales Natalia Rivera y Víctor Salgado formularon cargos contra Marcela Manríquez, María Ángeles Mabel Meriño y Jorge Alfredo Albarrán. La acusación sostiene que los tres participaron en una secuencia de violencia contra el edificio municipal. El hecho ocurrió el 15 de abril, cuando la protesta del SOYEM derivó en la utilización de un tambor metálico con neumáticos, cartones, papeles y fuego frente al ingreso del municipio.
De acuerdo con la investigación, Manríquez inició el foco ígneo, Meriño sumó otro neumático al recipiente y Albarrán lo desplazó hacia la puerta del sector de Rentas y Recaudaciones. Los fiscales consideraron que los imputados siguieron empujando el tacho en llamas hacia el edificio, lo que generó daños visibles y puso en riesgo la integridad física del personal que comenzaba a ingresar a la comuna alrededor de las 07:45.
El fuego generó llamas intensas, abundante humo negro y residuos de hollín que impactaron sobre la fachada principal. También se dañó un cartel institucional, se afectaron letras corpóreas y se registraron perjuicios en una ampliación del primer piso. El humo alcanzó la oficina de la jefa de Gabinete, Anabella Chiape, quien cursaba un embarazo de 34 semanas, lo que agregó gravedad al episodio.
La Justicia avaló la acusación por daño agravado y fijó una prohibición de acercamiento de 100 metros para los tres imputados. La medida alcanza tanto al edificio municipal como a los empleados de las áreas afectadas. El plazo de investigación será de un mes y la Municipalidad, a través de su abogado querellante, acompañó la postura del Ministerio Público Fiscal.
El trasfondo del conflicto incluye el reclamo del gremio por un aumento del 60% en el básico, pese a que el municipio ya había otorgado actualización salarial por IPC y pago de ropa de trabajo. Además, el caso se agravó con la información de que Manríquez es madre de Juan Gabriel Hidalgo y Lautaro Lihuen Hidalgo, imputados por presunta comercialización de drogas. En su vivienda se encontró cocaína fraccionada, una balanza, pastillas para rebaje, dinero chileno y un posnet, elementos que agregan un componente narco al bloqueo político contra la gestión de Albarracín.
