Amado Boudou también dejará de cobrar su jubilación de privilegio

El Gobierno nacional confirmó esta mañana que dará de baja la pensión y la jubilación de privilegio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un beneficio que no proviene de aportes personales sino de una “gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”. Fuentes oficiales señalaron que, además, se tomarán medidas similares contra otros ex funcionarios condenados por hechos de corrupción, entre ellos, el ex vicepresidente Amado Boudou.

Boudou, quien fue vicepresidente de CFK entre 2011 y 2015, fue condenado en 2018 por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone. La Corte Suprema ratificó su condena en diciembre de 2020, y actualmente cumple su pena con prisión domiciliaria. Por sus 1461 días en el cargo, Boudou recibe una pensión vitalicia mensual de $6.814.272.

El vocero presidencial Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa, adelantó que esta medida podría extenderse a otros ex funcionarios en situaciones similares. "La respuesta es la obvia: por supuesto", aseguró en referencia a las pensiones de privilegio de otros involucrados en casos de corrupción.

Desde los Estados Unidos, el presidente electo Javier Milei respaldó la medida con un mensaje en redes sociales: “El que las hace, las paga”.

Este anuncio se produce un día después de que la Cámara Federal de Casación confirmara la pena de 6 años de prisión para Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, por administración fraudulenta, y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La ex presidenta tiene aún la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia.

La decisión del Ejecutivo también podría alcanzar a Zulema Yoma, ex esposa de Carlos Menem, quien cobra una pensión por viudez. Menem, ya fallecido, recibió una condena firme en 2015 por el pago de sobresueldos a funcionarios durante sus dos períodos de gobierno, entre 1989 y 1999.

La medida generará probablemente una serie de apelaciones judiciales, por lo que el Gobierno ya instruyó a sus asesores legales ante los posibles reclamos.