El gobierno nacional despidió a la titular de ARCA (Ex AFIP) Florencia Misrahi y designó a Juan Pazo en su lugar

El Gobierno de Javier Milei oficializó el despido de Florencia Misrahi como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través del Decreto 1078/2024 publicado en el Boletín Oficial. La medida refleja el deseo del Ejecutivo de implementar cambios significativos en el rumbo de la gestión tributaria del organismo, centrándose en la simplificación del régimen tributario como uno de sus ejes estratégicos.

La decisión se justifica en el decreto al señalar que Misrahi se alejó de uno de los objetivos clave del gobierno. Además, el documento estipula que cualquier titular del organismo puede ser destituido por “incumplimiento sustancial del Plan de Gestión Anual”, una condición que, según el Ejecutivo, se verificó en el caso de Misrahi.

Juan Pazo, el Nuevo Designado

En su lugar, se ha designado a Juan Alberto Pazo, quien asumirá el cargo para completar el período legal de cuatro años. Juan Pazo, que anteriormente ocupó el cargo de Secretario de Coordinación de Producción en el Ministerio de Economía, renunció recientemente a su puesto para asumir esta nueva posición.

La salida de Misrahi estuvo marcada por diversas controversias, entre ellas, la propuesta de imponer un impuesto a influencers y streamers. La medida, que había sido oficializada mediante una resolución de ARCA, obligaba a estos actores del ámbito digital a tributar tanto por servicios de comunicación y publicidad como por canjes y creación de contenido.

División Interna y Tensiones Políticas

La decisión también refleja disputas internas dentro del Gobierno. La gestión de Misrahi generó tensiones entre figuras clave como Santiago Caputo y el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Mientras Santiago Caputo apoyaba el nombramiento de Andrés Vázquez como nuevo titular de la DGI, el Ministro de Economía finalmente optó por Juan Pazo.

Por otro lado, otro factor relevante fue la resistencia de Misrahi a la reducción salarial implementada desde el Ejecutivo hace dos meses y medio. Si bien su salario de alrededor de 32 millones de pesos permanece bajo estricta confidencialidad, este monto y su administración autónoma generaron conflictos con la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, ya que el Administrador Federal del organismo tiene la responsabilidad de definir su propia remuneración.

Este cambio refleja el esfuerzo del gobierno de Javier Milei por implementar una administración más centralizada y alineada con sus objetivos económicos y fiscales, con la simplificación tributaria como objetivo central de su estrategia.