Polémica en puerta: el Gobierno busca derogar la ley que regula la educación desde hace 18 años

El Gobierno nacional avanzó con un borrador de Ley de Libertad Educativa que propone desmontar la estructura central de la Ley de Educación Nacional, en vigencia desde 2006, y reformular por completo el funcionamiento de la educación obligatoria en el país. El documento, presentado ante el Consejo de Mayo, introduce cambios profundos en la organización del sistema, el financiamiento, la evaluación y el rol de las familias, que pasan a tener un lugar central por encima del Estado.

El texto, que consta de 136 artículos y aún se presenta como un borrador, habilita por primera vez modalidades alternativas como el home schooling, la educación híbrida y la enseñanza a distancia, sin fijar una edad mínima para su utilización. En el caso de la educación en el hogar, los aprendizajes deberán validarse mediante exámenes periódicos. También se abre la puerta a que las provincias ofrezcan educación religiosa confesional en las escuelas públicas, siempre de modo optativo y fuera del horario formal.

El borrador recupera parte del capítulo educativo de la primera Ley Bases elaborada en 2023, pero lo amplía considerablemente. Según explican en el Ministerio de Capital Humano, la redacción fue trabajada de manera conjunta entre la Secretaría de Educación, encabezada por Carlos Torrendell, y el Ministerio de Desregulación.

Uno de los ejes más fuertes del proyecto es la redefinición del rol estatal: la propuesta concibe al Estado como un actor de intervención subsidiaria, mientras que otorga a las familias la condición de “agente primario” de la educación de los hijos. En el primer capítulo, el texto consolida una impronta ideológica marcada por la “libertad educativa”, concepto que se menciona más veces que “Estado” y que incluye la libertad de enseñar y aprender según las propias convicciones.

El proyecto sostiene la gratuidad de la educación obligatoria y preserva la existencia de contenidos mínimos nacionales, aunque flexibiliza el enfoque al permitir que cada institución diseñe planes de estudio propios en función de su ideario. Para eso, se creará un Registro Nacional de Planes de Estudio que otorgará validez federal a los diseños curriculares.

En materia de calendario escolar, se pasa de contar días a contabilizar horas: 540 anuales para el nivel inicial y 720 para primaria y secundaria, cifras por debajo de los acuerdos recientes del Consejo Federal. A su vez, se establece que solo el 75% del tiempo escolar podrá destinarse a contenidos comunes, y que el 25% restante quedará bajo la órbita de cada escuela como espacio de autonomía curricular.

El borrador también introduce la declaración de la educación básica como “servicio esencial”, lo que obliga a garantizar un funcionamiento mínimo aun en contextos de conflicto gremial. Además, incorpora la obligatoriedad de enseñar sobre la causa Malvinas y amplía la autonomía de las instituciones, que podrán definir políticas de admisión, disciplina, planteles y régimen interno. Para las escuelas estatales, se prevé una transición hacia esquemas de gestión más autónomos.

Otra reforma significativa aparece en el financiamiento: el proyecto elimina el histórico piso del 6% del PBI destinado a educación y promueve un sistema de asignaciones que incluye no solo recursos para escuelas públicas y privadas, sino también instrumentos dirigidos a estudiantes y familias, como vales educativos, becas o créditos fiscales. Se plantea, además, un esquema federal de monitoreo del gasto y evaluaciones periódicas e independientes sobre el uso de los fondos.

La propuesta también impulsa cambios en la estructura docente: la formación inicial se mantiene en cuatro años, pero se crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente y se incorpora un sistema de evaluaciones periódicas obligatorias cada cuatro años como máximo, que contemplarán desempeño, formación continua y resultados de aprendizaje. La estabilidad laboral quedará atada a la performance profesional.

El borrador mantiene las evaluaciones nacionales —hoy Pruebas Aprender—, pero las vuelve anuales y censales en el último año de primaria y de secundaria. Además, habilita la publicación de resultados por escuela, aunque sin identificar a docentes ni estudiantes.

El proyecto, que todavía está sujeto a modificaciones, configura la reforma educativa más profunda desde la sanción de la Ley de Educación Nacional. Si prospera en el Congreso, implicará un cambio de paradigma que reordenará la relación entre familias, Estado y escuelas, y que promete abrir un extenso debate federal en las próximas semanas.