Organismos internacionales denuncian hostigamiento a periodistas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declara su “seria preocupación” ante el creciente número de ataques y presiones contra trabajadores de prensa en la Argentina, un fenómeno que —según organizaciones especializadas— se acelera en el último año y afecta directamente el derecho a la libertad de expresión.

La audiencia se desarrolla en la Universidad de Miami y reúne a representantes del Gobierno nacional y a distintas organizaciones sociales, entre ellas FOPEA, el CELS, Amnistía Internacional, sindicatos de prensa y periodistas que relatan experiencias personales de hostigamiento. Durante más de dos horas, los expositores describen un escenario que definen como “deterioro acelerado” del clima para el ejercicio periodístico desde diciembre de 2023.

Los planteos giran en torno a tres ejes centrales: el aumento de agresiones físicas y digitales, el uso de demandas judiciales como mecanismo de presión y la aparición de discursos estigmatizantes desde funcionarios de alto rango. De acuerdo con los datos de FOPEA, en 2024 se registran 179 ataques a la prensa, un salto del 53% respecto al año anterior. En lo que va de 2025, la cifra ya asciende a 257 casos, el registro más alto de los últimos años.

Entre los episodios más graves se mencionan reporteros heridos durante coberturas de protestas, como el caso del fotógrafo Pablo Grillo, campañas de desprestigio en redes sociales promovidas desde cuentas oficiales y presiones judiciales, hackeos e intimidaciones que apuntan a silenciar coberturas incómodas. Periodistas como Hugo Alconada Mon, Julia Mengolini y Tomás Cuesta aportan testimonios directos sobre el clima de hostigamiento. También ARGRA y SiPreBA denuncian la “normalización” de la violencia policial hacia la prensa en manifestaciones públicas.

Las críticas se amplían hacia el cierre de la agencia Télam, los cambios en la ley de acceso a la información y la parálisis de la comisión bicameral de libertad de expresión, medidas que —según las organizaciones— profundizan las restricciones para trabajar.

En nombre del Gobierno, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, rechaza que exista un patrón de persecución y define los episodios como “situaciones aisladas”. Sostiene que el periodismo “está plenamente protegido” y cuestiona que la audiencia se utilice como “un juicio político” al Ejecutivo.

Los comisionados de la CIDH, entre ellos su presidente José Luis Caballero y el relator especial Pedro Vaca, remarcan que el discurso de las autoridades tiene un impacto directo en la seguridad de la prensa y recuerdan que la palabra de un funcionario “no es una voz cualquiera”. La secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, advierte que los casos exhibidos no parecen aislados, sino parte de un contexto más amplio de amenazas y criminalización.

Al finalizar la jornada, Caballero anuncia el interés del organismo en realizar una visita oficial a la Argentina para profundizar la investigación, un pedido que también reiteran las organizaciones que participan de la audiencia.