Emergencia por sequía: Nación aprobó el pedido presentado por Neuquén

La provincia del Neuquén logró ante el Gobierno nacional la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía, una medida clave que permitirá acceder a herramientas de asistencia y alivio fiscal para los productores afectados. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 2123/2025, publicada el 30 de diciembre en el Boletín Oficial de la Nación, tras el pedido elevado por la administración provincial.

La norma establece que, a los efectos de la aplicación de la Ley Nacional N° 26.509, se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1 de julio de 2025 y hasta el 30 de junio de 2026 para las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas afectadas por la sequía en todo el territorio provincial, con excepción de los valles irrigados de los departamentos Añelo y Confluencia.

El pedido fue presentado durante una reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, convocada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Previamente, en noviembre, el secretario de Producción e Industria de la provincia, Diego García Rambeaud, había expuesto ante las autoridades nacionales el Plan Provincial de Sequía, respaldado por el decreto provincial que declaró la emergencia hídrica, social y productiva.

Durante su presentación, el funcionario repasó los antecedentes que agravaron la situación productiva en la última década, como los períodos prolongados de sequía, las erupciones volcánicas del Cordón Caulle en 2011 y del Calbuco en 2015, el temporal de nieve de 2020 y las reiteradas declaraciones de emergencia desde 2021 hasta la actualidad, con excepción de 2024.

García Rambeaud detalló el impacto directo de la sequía en las actividades productivas, al señalar que en la ganadería se registran índices por debajo de los promedios históricos, deterioro del estado corporal de los animales, afectación en los procesos reproductivos y una elevada mortandad. En el sector acuícola, advirtió sobre la disminución de la columna de agua, el aumento de riesgos sanitarios y el incremento de los costos de producción. En tanto, en el área forestal, alertó sobre el aumento del estrés hídrico, la mayor vulnerabilidad ante plagas y el crecimiento del riesgo de incendios.

El secretario también citó estudios del INTA y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que dan cuenta de una reducción sostenida de la productividad forrajera y de la disponibilidad de agua, sumada a una mayor aridez ambiental producto del aumento de las temperaturas en primavera y verano.

En paralelo, se expusieron las estrategias provinciales para mitigar los efectos de la sequía, entre ellas líneas de financiamiento, la conformación del Comité Provincial de Emergencia Agraria, Hídrica y Productiva, la articulación con una mesa público-privada, inversiones en obras para la trashumancia, mejoras en canales de riego, asistencia técnica y capacitaciones.

La resolución nacional fija como fecha de finalización del ciclo productivo afectado el 30 de junio de 2026. Para acceder a los beneficios previstos por la ley, los productores deberán tramitar un certificado de emergencia ante la autoridad provincial competente, ya sea de manera digital o presencial en la Dirección de Emergencia Agraria.

Entre los principales beneficios se incluyen prórrogas impositivas, suspensión de juicios de ejecución fiscal, deducciones en el impuesto a las Ganancias por ventas forzosas de hacienda, posibles exenciones en Bienes Personales y alivios específicos para monotributistas, con reducciones que pueden llegar hasta el 75% en zonas declaradas en desastre.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación a cargo de Claude Staicos.