Purga en el Estado: echaron a un médico acusado de sátiro

Desde diciembre de 2023, la administración provincial de Neuquén dejó en claro que no habrá margen para conductas irregulares ni para hechos de gravedad dentro de la estructura pública. La línea política impulsada por el gobierno de Rolando Figueroa volvió a expresarse con dos cesantías firmadas esta semana, que alcanzaron a un médico acusado de abuso y acoso sexual y a un agente del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) con reiteradas inasistencias injustificadas. Lo que se dice, un ñoqui.
Las medidas se formalizaron mediante decretos que pusieron fin a ambos vínculos laborales. En el caso más grave, se trata de un profesional de la salud que se desempeñaba en el Centro de Salud de Villa Traful, dependiente del Hospital “Dr. Oscar Arraiz” de Villa La Angostura, quien quedó definitivamente fuera de la administración pública provincial.

El médico fue identificado como Marcelo Ignacio Fernández. De acuerdo con el expediente administrativo, el 5 de marzo de 2024 la subsecretaría de Salud ordenó iniciar una investigación en su contra por presunto acoso verbal, abuso sexual y hechos de violencia de género cometidos contra tres compañeras de trabajo, conductas que -según se consignó- se habrían producido al menos desde marzo de 2023.

Las actuaciones reunieron testimonios y pruebas que resultaron determinantes. La instructora del sumario concluyó que la responsabilidad administrativa del profesional estaba acreditada en cada uno de los episodios denunciados, lo que derivó en la sanción más severa prevista en el régimen disciplinario.

El expediente también dejó constancia de que las conductas atribuidas a Fernández trascendieron el ámbito laboral. Se mencionó que otras mujeres de Villa Traful manifestaron sentirse inseguras ante su presencia. Algunas víctimas relataron situaciones de contacto físico no consentido, mientras que otras aseguraron haberlo visto espiando en áreas del centro de salud y realizando gestos obscenos, prácticas que -según los testigos- se repetían desde hacía tiempo.

En paralelo al proceso administrativo, las tres denunciantes promovieron actuaciones judiciales en el Juzgado de Villa La Angostura. En ese marco se dictaron medidas preventivas, como la prohibición de acercamiento y de comunicación, y se instruyó a la empleadora a adoptar acciones para resguardar la integridad de las trabajadoras. Incluso se recomendó avanzar con capacitaciones obligatorias y talleres sobre violencia y perspectiva de género para todo el personal.

El otro caso, de menor gravedad penal pero igualmente incompatible con la función pública, involucró a un agente del EPEN. La cesantía recayó sobre Guillermo Elgueta, perteneciente al sector comercial administrativo del Servicio Eléctrico de Centenario, por haber acumulado inasistencias injustificadas entre el 3 de septiembre y el 30 de noviembre de 2024. Pese a contar con todas las garantías del derecho a defensa, no compareció cuando fue citado a declarar, lo que terminó de sellar su salida del Estado bajo el mismo principio rector: tolerancia cero frente a la indisciplina y las faltas graves.