Neuquén endurece su postura frente a las usurpaciones: “No vamos a retroceder”
Neuquen Data“La tierra se adjudica por derecho, no por presión”. Bajo ese principio, el Gobierno de Neuquén busca marcar una posición frente a las ocupaciones ilegales y evitar que las tomas vuelvan a instalarse como un mecanismo para obtener terrenos. Desde Casa de Gobierno sostienen que la política habitacional debe desarrollarse mediante reglas que sean iguales para todos.
El planteo oficial reconoce que existe una demanda habitacional acumulada durante décadas, pero separa esa problemática de las ocupaciones ilegales. La Provincia sostiene que las necesidades sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas, inversión y planificación, sin alterar el orden de quienes se encuentran inscriptos y esperan una vivienda.
El conflicto actual tiene además una particularidad: el terreno ocupado ya posee un destino habitacional. En ese espacio está prevista la construcción de 240 viviendas o módulos multifamiliares y 10 dúplex, por lo que el Ejecutivo advierte que la ocupación puede terminar afectando un proyecto diseñado para responder precisamente al déficit de viviendas.
A partir de lo sucedido, la Secretaría de Vivienda y Hábitat presentó una denuncia penal por una presunta instigación pública a ocupar ilegítimamente terrenos provinciales. Según la información oficial, la convocatoria no habría surgido espontáneamente, sino que habría sido organizada mediante redes sociales bajo la consigna “Todos por un terreno”.
La Justicia intervino posteriormente y dispuso el desalojo en un plazo máximo de 48 horas, además de ordenar la restitución inmediata del inmueble al IPVU. La decisión se enmarca en un escenario en el que el Gobierno provincial busca impedir que las ocupaciones generen antecedentes que puedan incentivar nuevas acciones similares.
Mientras sostiene esta política frente a las tomas, la Provincia destaca instrumentos como Neuquén Habita y el RUPROVI. El argumento oficial es que existen miles de neuquinos que realizan los trámites correspondientes y esperan una solución, por lo que otorgar beneficios como consecuencia de una ocupación significaría alterar las reglas de acceso a la vivienda.
